Page 214 - PENSAR UN PACIFICO LATINOAMERICANO: RETOS POLITICOS, ETICOS Y MEDIOAMBIENTALES

Art. 398.- Impone la consulta popular previa (aunque no vincu-
lante) de toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al
ambiente. Así, antes de implementarse, la comunidad que vaya a
verse afectada deberá votar sobre la misma, recibiendo previa-
mente toda la información sobre sus características y contenido.

El CODA establece (desarrollando este precepto y también
el art. 395 de la Constitución) que la comunidad podrá formular
alegaciones incluyendo criterios sobre cómo debería ejecutarse la
decisión o autorización estatal, y éstos se tendrán en cuenta
cuando sean “técnica y económicamente viables”, concepto éste
que, en la práctica, deja en manos de la autoridad política decidir
si lo hace (Martínez Moscoso, 2019, p. 16).
Pues bien, del referido proceso de consulta resulta una opo-
sición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de eje-
cutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente
motivada de la instancia administrativa superior correspondiente
de acuerdo con la ley.
Es decir, que la autoridad podrá en abstracto contradecir la
voluntad de la comunidad afectada e imponer el proyecto en con-
tra de la misma, pero el perjuicio para su popularidad que impli-
cará actuar en contra de la voluntad ciudadana es un poderoso
elemento a la hora de condicionar su decisión.

Art. 399.- Establece la defensoría del ambiente y la naturaleza
como cabeza del sistema nacional descentralizado de gestión am-
biental, cuya misión es el ejercicio integral de la tutela estatal sobre
el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preser-
vación.

El CODA ha profundizado en los objetivos que marca este
precepto, creando otras instituciones y estructuras administrati-
vas como el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), cuyo
objetivo es trabajar en la prevención, control, seguimiento y repa-
ración de la contaminación ambiental. A este respecto, todo

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