Page 204 - PENSAR UN PACIFICO LATINOAMERICANO: RETOS POLITICOS, ETICOS Y MEDIOAMBIENTALES
P. 204
Es por ello que estas nuevas constituciones consagran los
derechos sociales (a la vivienda, la educación, la sanidad...) desde
una doble perspectiva. Primeramente, como partes irrenunciables
de la dignidad humana que, por su propio valor, merecen la má-
xima protección y su consiguiente inclusión en la esfera constitu-
cional. Y, en segundo lugar, como parte de esas “precondiciones
lógicas de la democracia” sin las cuales ésta no puede calificarse
como tal, pues no hay propiamente democracia cuando se excluye
de la esfera pública a sectores de la población privados de las ar-
mas más elementales para poder ser parte de la misma.
Respecto a los derechos ambientales, son concebidos desde
una triple perspectiva. En primer lugar, como derechos de los ciu-
dadanos a disfrutar de un entorno saludable que no ponga en
riesgo su calidad de vida. En segundo lugar, como derechos de las
generaciones futuras a heredar un planeta habitable y sano. Y fi-
nalmente, como “derechos” (si bien el concepto es discutido) de
los seres vivos no humanos a poder desarrollarse sin que la mano
del hombre les destruya, si bien reconociendo el derecho de los
seres humanos a usar los recursos naturales del planeta de forma
sostenible.
Por otro lado, las nuevas constituciones latinoamericanas
profundizan igualmente en los resortes de control constitucional
y participación ciudadana. Mientras que las constituciones euro-
peas de la primera generación ceñían a la competencia del Tribu-
nal Constitucional el control de constitucionalidad de las actua-
ciones de los poderes públicos, estas nuevas constituciones con-
cretan el contenido de los derechos y principios constitucionales
hasta establecer en su propio texto exigencias tan específicas que
pueden ser fiscalizadas por los jueces ordinarios. Y, de otro lado,
consagran vías de democracia participativa (como el referéndum
a instancia ciudadana) que permitirán a los ciudadanos fiscalizar
degradación y exclusión social con la consiguiente imposibilidad prác-
tica de participación política.
204